Comunidades de Coñaripe demandaron a la Iglesia católica para recuperar 100 hectáreas


Coñaripe.- En el Tribunal de Panguipulli se realizó este lunes la primera audiencia preparatoria por el juicio que iniciaron comunidades de Coñaripe contra el vicariato de Villarrica por la presunta usurpación de 100 hectáreas de terreno en el sector la Misión de Coñaripe, hace más de 100 años.

El abogado Jorge Acuña, que representa a la comunidad Carlos Antimilla junto a la abogada Viviana Soto y la abogada Gracy Barrera, explicó que “la audiencia de hoy es la que procede en el procedimiento indígena de contestación y conciliación. El vicariato apostólico de la Araucanía reclama una calidad de posesión de este terreno, lo que es irrefutable, más allá de cualquier duda”.

Beatriz Chocori, vocera de las comunidades demandantes, explicó que “hemos reunido desde hace mucho tiempo atrás todos los antecedentes respecto a éstas 100 hectáreas de la Misión de San Miguel que el Vicariato Apostólico de la Araucanía ha hecho suyas. En el año 1908, durante la demarcación del Título de Merced, ese espacio quedó en el interior. Luego en los años 80 el predio vuelve a quedar en manos de la comunidad Juan Antimilla, sin ser enajenado; en ningún momento el vicariato ha tenido propiedad o dominio sobre él”.

Las comunidades explican que el propio vicariato intentó en 2017 llevar  cabo un proceso de regularización ante Bienes Nacionales, donde habrían fracasado sin poder acreditar el dominio del predio. En tanto el Ministerio respectivo, descartó que el predio fuera fiscal, motivo por el cuál la comunidad decidió iniciar el proceso judicial legal para recuperar el terreno.

El abogado Acuña refutó lo anterior indicando que “de acuerdo a las leyes chilenas lo que le vicariato tiene es una mera tenencia. Ocupa el lugar reconociendo el dominio ajeno. No es un terreno fiscal tampoco ya que así lo han declarado las autoridades administrativas de la región. Cuando el Estado cedió el terreno para ocuparlo, no lo declaró fiscal, por lo que no cabe duda que ese terreno sigue siendo indígena”. 

Técnicamente, lo que procede es un período de 10 días en los que se presentarán todas las pruebas para el juicio. Además la Conadi debe emitir un informe técnico respecto al terreno, lo que no debería tardar más de 15 días según la Ley, de todos modos los abogados presentaron ya en la Corte Valdiviana un recurso de protección (acogido) para evitar que ese plazo se exceda.

Los terrenos en cuestión fueron utilizados por la iglesia católica para fines educativos, durante el proceso de evangelización. Las comunidades reclaman que, además de no querer devolver esos terrenos, el proceso finalmente llevó a erradicar en gran parte la cultura mapuche en la nuevas generaciones.