Municipio enfrenta millonario juicio laboral contra dentista que alega despido injustificado

Cesfam de Coñaripe | Archivo



Coñaripe.- El próximo lunes 3 de junio a las 9:30 se realizará la audiencia preparatoria de una causa laboral iniciada por una profesional dentista del Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Coñaripe, contra el Municipio de Panguipulli.

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Se trata de la cirujano dentista Alejandra Espinoza quien mantenía un contrato vigente con la Corporación Municipal de Panguipulli (Cormupa) desde mayo de 2015 para prestar servicios en dicho centro de salud, y que fue desvinculada en febrero de este año.

Según comentó la profesional previamente a RedPanguipulli, «después de haber respaldado mi trabajo y confirmar la Jefatura del programa odontológico para el año 2018, empezó una serie de actos hostiles de parte mi Jefatura. Me pusieron dos anotaciones de demérito de la nada, describiendo hechos subjetivos y carentes de justificación. El mismo día que se me notificó de las anotaciones me entregan mis calificaciones correspondientes al periodo septiembre 2017 y mayo 2018 con una evidente mal intención, calificaciones que jamás había tenido en toda mi carrera. Obviamente no estaba de acuerdo. Posteriormente se inició una investigación sumaría en la cual la única investigada fui yo, resultado sumario administrativo. Cabe destacar que en la investigación no declaré y aún así se cerró y se elevó a sumario administrativo (…). Mi abogado realizó varias solicitudes a lo largo del sumario que fueron ignoradas o simplemente rechazadas. No se entrevistó a ninguno de mis compañeros de trabajo, ningún dentista ni asistente, sólo fue un grupo de funcionarios muy bien seleccionados que pudieran decir algo negativo de mi».

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«En este minuto la Corporación -Municipal de Panguipulli- me tiene sin la posibilidad de buscar un nuevo trabajo y sin dinero. A parte de todo el costo emocional que conlleva. Estoy en tratamiento psiquiátrico ya que no me esperaba el despido de forma ilegal, ósea para mi las calificaciones no eran una amenaza, aparte que fueron manipuladas a tal punto de que soy la única funcionaria en la historia de la Corporación que ha sido clasificada en esa lista, lista 4. Pero aparte de la denostación pública y el daño moral que significa eso, sabía que no era causal de despido, por lo cual no esperaba que a pesar de eso la Corporación lo usara para despedirme» explica Espinoza.

Finalmente, añadió que «ha sido una verdadera cacería de brujas en mi contra utilizando mentiras, humillándome. No soy perfecta y se que he cometido errores, pero jamás al extremo de merecer esto. Si querían despedirme lo podían haber hecho, me hubiesen pagado lo que corresponde por años de servicio y listo, pero no era necesario hacer tanto daño». 

Respecto de la denuncia presentada (Ver), la profesional alega que su despido fue indebido e injustificado, por lo que pide un monto que bordea los 120 millones de pesos, entre indemnización por aviso de despido, indemnización por años de servicios, recargo de la indemnización por años de servicios, feriado legal correspondiente al año 2018 y proporcional del año 2019, los costos del proceso, además de 80 millones por daño moral.