Representante del legal del concesionario de parquímetros: “El Municipio no tuvo resguardo social”


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Panguipulli.- Son en total 19 trabajadores quienes de manera inminente podrían iniciar acciones legales en contra del empleador concesionario del Servicio de Parquímetros recientemente revocado en la ciudad, así como también en contra del propio Municipio de Panguipulli, en su rol “solidario”.

Este viernes los ex-operadores iniciaron el proceso de liquidación de contrato y finiquitos, con los que se pone término a la relación laboral, entre tanto -por la vía civil- el concesionario alista una demanda en contra de la administración Municipal por un posible término arbitrario del contrato.

La empresa orientó a los extrabajadores en asuntos legales, pagó las remuneraciones pendientes y firmó los finiquitos, dando así el término anticipado al contrato.

La abogada Constanza Romero, quien representa legalmente al empresario concesionario, David Salazar, respecto de las acciones legales dijo que hay dos caminos: “Uno; son las acciones laborales que puedan ejercer válidamente los trabajadores, tanto en contra de mi representado como a su vez en contra del Municipio de manera solidaria. En cuanto a las acciones de carácter civil, las estamos estudiando aún”.

Sin embargo adelantó también que “vamos a ejercer cada una de las acciones que el legislado nos permita para salvaguardar los derechos de mi representado”.

Recordemos que el término anticipado de contrato se dio el pasado 19 de Julio y fue notificado a través de una carta certificada el día 23 de Julio, mismo día en que el Municipio habría retirado la señalética dispuesta con motivo del cobro de estacionamientos.

Respecto de las justificaciones que manifestó el municipio, Romero dijo que su legalidad “es un tema que vamos a tener que probar en juicio, pero a nuestro parecer no existiría algún tipo de validez, más bien sería un acto de arbitrariedad.

“El Municipio no actuó pensando en las familias, no hubo un resguardo de carácter social respecto de las familias de las cuales dependía ese sustento laboral. Son 19 familias que necesitan un resguardo porque tenían un contrato vigente hasta el 19 de septiembre” finalizó la legista.